Resumen: Préstamo multidivisa. Para que la cláusula multidivisa supere el control de transparencia debe acreditarse que el prestatario pudiera ser consciente de que el riesgo de fluctuación de la moneda en que se referencia el préstamo puede influir en el importe de las cuotas periódicas de amortización y que también puede influir en la cantidad que haya que amortizar en total, pudiéndose acabar pagando más capital del recibido. Suficiencia del llamado documento de primera disposición. En tal documento se le informa al demandante, con carácter previo a la contratación, de las características y los riesgos del producto de forma suficiente y comprensible. Validez de la cláusula al superar el control de transparencia. Carácter abusivo de la cláusula que permite al banco exigir la ampliación de la garantía y, caso de no prestarse tales garantías, dar por vencido anticipadamente el préstamo y ejecutar la hipoteca: doctrina de la STS de Pleno 418/2023, de 28 de marzo. Es necesario que el prestamista facilite información a cliente, de manera adecuada y con antelación a la suscripción del contrato, sobre el riesgo que se deriva de estas cláusulas. La entidad bancaria no informó al cliente de los potenciales riesgos. La cláusula no supera el control de transparencia. Es abusiva al provocar un riesgo para el consumidor de empeoramiento de su situación jurídica y económica que este no podía prever sin una información adecuada. Desequilibrio de los derechos y obligaciones del contrato.
Resumen: Aplicación de la STJUE de 17 de mayo de 2022 (asunto C-869/19) y de la STS del pleno 579/2022. El art. 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE se opone a la aplicación de principios procesales nacionales en cuya virtud un tribunal nacional que conoce de un recurso de apelación contra una sentencia que limita en el tiempo la restitución de las cantidades indebidamente pagadas por el consumidor a consecuencia de una cláusula declarada abusiva no puede examinar de oficio un motivo basado en la infracción de dicha disposición y decretar la restitución íntegra de esas cantidades, cuando la falta de impugnación de tal limitación en el tiempo por el consumidor afectado no puede imputarse a una pasividad total de este. El TJUE afirma que el hecho de que un consumidor no haya interpuesto recurso en el plazo oportuno puede imputarse a que, cuando se dictó la STJUE de 21 de diciembre de 2016 (caso Gutiérrez Naranjo), ya había transcurrido el plazo en el que se podía interponer recurso de apelación o impugnar la sentencia en virtud del Derecho nacional, por lo que no le es reprochable una actitud pasiva. En consecuencia, la sala estima el recurso de casación formulado por el prestatario, ya que no puede entenderse que mostrase una pasividad total al no cuestionar, antes de dictarse STJUE de 21 de diciembre de 2016, en apelación la extensión de los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo desde el inicio de su aplicación, a tenor de la jurisprudencia entonces existente.
Resumen: El proceso que da origen a este recurso versa sobre una acción de reintegro de los recursos asignados para el desarrollo de actividades de carácter general por incumplimiento de las condiciones de la convocatoria de 2011. La Abogacía del Estado demanda en representación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, con apoyo en la disposición adicional 16.ª de la Ley 38/2003,de 17 de noviembre, general de subvenciones, que establecía, "las entregas dinerarias sin contraprestación que realicen las fundaciones del sector público se regirán por el derecho privado", así como con apoyo en el art. 647 CC sobre revocación de la donación. La demanda ha sido íntegramente estimada en las dos instancias. El recurso de casación interpuesto por la entidad demandada (FICA UGT), se centra en el cómputo del plazo de la acción de revocación, que a su juicio estaría caducada. La sala considera que el plazo de reintegro no es de caducidad, sino de prescripción de cuatro años, conforme a las normas de la convocatoria, susceptible de interrupción. No es de aplicación la jurisprudencia sobre las donaciones modales. En el caso, la demandante, tras requerimientos de información adicional a la demandada en 2012, 2015 y 2017, inició en abril de 2019 actuaciones de revisión extraordinaria de la asignación de fondos de las que resultaba con claridad su voluntad de determinar la existencia de alguna de las causas de reintegro, en los términos previstos en el punto 20.2.a) de la convocatoria.
Resumen: Congruencia de la sentencia: se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum y la causa petendi y el fallo de la sentencia; para apreciar incongruencia es necesario realizar un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de la demanda y, en su caso, de contestación a la demanda y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito. En el caso: hay incongruencia, ya que se ha incurrido en un mal entendimiento de lo solicitado en la demanda, pues respecto de la acción principal de nulidad por error vicio no es cierto -como ha entendido la sentencia de segunda instancia- que en la demanda se hubiera pedido que los intereses de las cantidades objeto de restitución lo fueran desde la demanda, con la consiguiente renuncia a los intereses devengados antes (desde el pago de cada una de esas cantidades). Al solicitar que, como consecuencia de la nulidad, se ordenase la restitución de prestaciones, se encuentra implícita la previsión legal y jurisprudencial del alcance de la restitución de prestaciones, sin que la falta de especificación en este caso suponga una renuncia a que las cantidades pagadas deban restituirse por su importe más los intereses devengados desde la fecha de cada uno de los pagos. El error, que afecta al entendimiento de lo que fue solicitado en la demanda, entraña también una apreciación equivocada de las exigencias de congruencia de la sentencia.
Resumen: Préstamo hipotecario suscrito con Caja de Ahorros Castilla La Mancha (luego Liberbank). Reproducción de la doctrina de las SSTS 580/2020 y 581/2020 de 5 de noviembre sobre novación de de cláusulas suelo, y de otras sentencias de esta sala que siguen la doctrina del TJUE contenida en la sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020 y reiterada en el Auto del TJUE de 3 de marzo de 2021. Se declara la validez de la estipulación primera del acuerdo por la que se suprime la originaria cláusula suelo y se establece un tipo fijo del 3% hasta la amortización del préstamo hipotecario porque cumple las exigencias de transparencia y la nulidad de la estipulación cuarta de renuncia de acciones, ya que pese a ceñirse a las reclamaciones que tienen por objeto la cláusula suelo que se suprime adolece de falta de transparencia porque no consta acreditado que se hubieran facilitado al consumidor los datos e información exigible sobre las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de dicha renuncia, que resultaban precisos para considerar que la misma fue fruto de un consentimiento libre e informado. Procede la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la cláusula suelo inicial hasta la fecha de entrada en vigor del acuerdo novatorio citado. No se imponen las costas de los recurso de apelación ni de casación y se imponen las costas de la primera instancia a la demandada pese a la estimación parcial de la demanda de acuerdo con la doctrina del TJUE.
Resumen: Resolución de un contrato de arrendamiento urbano de una vivienda con plaza de garaje por expiración del plazo contractual y de las prórrogas legales. La sala reitera la jurisprudencia sobre la tácita reconducción, según la cual el art. 1566 CC da por concluso el contrato primitivo de arrendamiento y por nacido otro en el que se mantienen los pactos que rigieron la anterior relación contractual, salvo el plazo de duración que lógicamente no ha de coincidir -salvo casos especiales- con el inicialmente previsto. De tal forma que, por ser un contrato nuevo se extinguen las garantías y su plazo no es el mismo del contrato anterior (que ya se consumió), sino el establecido supletoriamente por el CC en virtud de la remisión que el art. 1566 CC hace al art. 1581 CC. En la tácita reconducción el consentimiento de las partes es un consentimiento presunto derivado, por el lado del arrendatario, de su permanencia en el disfrute de la cosa arrendada durante quince días y, del lado del arrendador, de su aquiescencia a dicha situación, aquiescencia presunta que puede desvirtuarse mediante el correspondiente requerimiento. En el caso, existe un requerimiento previo, dirigido por el arrendador al arrendatario, que constituye una voluntad contraria y expresamente manifestada por el arrendador a la tácita reconducción.
Resumen: Ley 57/1968. Demanda interpuesta por el comprador de dos viviendas y dos plazas de garaje en construcción, pertenecientes a una misma promoción, frente a la promotora y a la entidad bancaria receptora de las cantidades entregadas a cuenta del precio de dichos inmuebles, en ejercicio acumulado de acciones de resolución del contrato de compraventa y de la penalización pactada frente a la promotora, y de condena frente a la promotora y el banco en reclamación de los anticipos y sus intereses. La Ley 57/1968 no es aplicable a quienes adquieran la vivienda con finalidad no residencial, sean o no profesionales, por lo que su aplicación no depende de la condición de consumidor del comprador. Entre los factores o indicios que pueden tenerse en consideración para apreciar la existencia de una finalidad no residencial que excluya la aplicación de la Ley 57/1968 no se encuentra solo el hecho de que el comprador sea un promotor inmobiliario o ejerza una actividad en ese sector, sino también el hecho de que la parte compradora omita en su demanda cualquier referencia al destino de la/s vivienda/as, el número de viviendas adquiridas de una misma promoción y su ubicación. La sentencia recurrida no es conforme con dicha jurisprudencia porque considera que la protección que otorga la Ley 57/1968 depende de la condición de consumidor del comprador, soslayando la concurrencia de varios de los factores o indicios que la jurisprudencia viene tomando en consideración para descartar la existencia
Resumen: Respecto a la cláusula suelo de la escritura de préstamo hipotecario se plantea la validez y eficacia del pacto de novación o transacción que elimina dicha cláusula y renuncia al ejercicio de acciones contra la prestamista y además se entregó una FIPER . La Audiencia considera que en el momento de pactarse la novación los consumidores conocían la existencia de la cláusula suelo y su potencial nulidad, por lo que el acuerdo de supresión de la cláusula suelo es válida. En cuanto a la renuncia, es abusiva si el prestamista no ha dado a conocer las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de aquélla. Por lo que no se valida la renuncia. La comisión de apertura, según la jurisprudencia del TJUE, no forma parte del precio, lo que exige una transparencia no sólo formal sino material, de comprensibilidad de los servicios efectivamente proporcionados. Y que no se solapa con otra comisión. Lo que no ocurre en el caso enjuiciado; lo que provoca un desequilibrio importante. Año comercial. No se produce desequilibrio cuando se usa el año comercial y en el numerador y denominador del cálculo de intereses está el mismo plazo 360/360 ó 365/365. Sí hay desequilibrio en el método 365/360. Costas de primera instancia, a pesar de ser estimación parcial, prima el principio de efectividad del Derecho de la UE.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; la aplicación subsiguiente del sistema de interés variable previsto en el contrato originalmente sin la cláusula suelo, son suficientes para que puedan superar el control de transparencia, pues un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede comprender las consecuencias jurídicas y económicas determinantes que para él se derivan de esta novación. El acuerdo transaccional contiene una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, que adolece de falta de transparencia, pues no consta acreditado que se hubieran facilitado al consumidor los datos e información exigible sobre las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de dicha renuncia, que resultaban precisos para considerar que la misma fue fruto de un consentimiento libre e informado. Se condena en costas de primera instancia.
Resumen: Se alega falta de legitimación activa, puesto que la demanda fue interpuesta por una sola de las componentes de la Comunidad de bienes que está integrada también por las demandadas y que fueron las que concertaron el contrato de arrendamiento. El Tribunal tras considerar acreditado que la actora adquirió el 33,33% del usufructo que en su momento correspondió a una de sus hermanas considera que está plenamente legitimada para el ejercicio de la acción, por ostentar intereses mayoritarios, siendo el desahucio acto de administración y actúa en beneficio de la comunidad. Se inadmite el recurso de una de las hermanas puesto que al perder su parte en el usufructo carece de legitimación y respecto de la intervención provocada, tras reseñar la regulación legal, se concluye que la solicitud de intervención no suspende el curso del procedimiento, por lo que no puede alegarse indefensión por no haber podido realizar la interviniente (usufructuaria también del bien), actuaciones con anterioridad al momento en el que se le tuvo como tal.
